La Ley de Insurrección permite al presidente de Estados Unidos desplegar fuerzas militares dentro del país para apoyar a las autoridades civiles ante disturbios o crisis que superen su capacidad de respuesta. Aunque comúnmente se la llama Ley de Insurrección de 1807, en realidad se trata de un conjunto de estatutos promulgados entre 1792 y 1871. Su invocación suspende temporalmente la ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al Ejército participar en labores de policía civil.
La ley otorga al presidente un poder considerable para decidir cuándo y dónde usar tropas federales. Algunas secciones requieren el consentimiento del Estado afectado, mientras que otras permiten la intervención incluso contra la voluntad estatal. A diferencia de la Ley Marcial, la Ley de Insurrección no reemplaza al gobierno civil, sino que autoriza a las fuerzas armadas a apoyar a las autoridades civiles.
Históricamente, se ha invocado unas 30 veces, la última en 1992 durante los disturbios de Los Ángeles bajo George H.W. Bush. También fue usada por Eisenhower y Kennedy en procesos de integración escolar tras fallos del Tribunal Supremo.
La falta de criterios claros permite al presidente un margen casi ilimitado para desplegar tropas. Trump ha amenazado con invocarla en varias ocasiones, incluyendo ahora en Minnesota, ante lo que considera ataques de «agitadores» contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El despliegue de fuerzas federales puede realizarse también sin esta ley, pero con límites más estrictos: pueden proteger edificios y tribunales, pero no ejercer funciones de policía civil como arrestos o control de protestas.
