La Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) expresó su profunda preocupación ante la persistencia de las tomas ilegales de tierras en la zona del Atlántico hondureño, una problemática que, según advirtió, continúa afectando de manera grave la seguridad jurídica, la inversión privada, el empleo y la estabilidad social en la región.
Mediante un comunicado, el gremio turístico recordó que desde el 11 de noviembre de 2025 había advertido sobre esta situación, sin que hasta ahora se registren acciones efectivas por parte de las autoridades competentes. Canaturh lamentó que, lejos de resolverse, el conflicto se haya intensificado con el paso del tiempo.
La organización señaló que las ocupaciones ilegales han provocado pérdidas económicas significativas tanto para empresas como para familias que son legítimas propietarias de las tierras afectadas. Indicó que muchas de estas propiedades cuentan con títulos debidamente inscritos y con derechos plenamente reconocidos por el ordenamiento jurídico hondureño.
Ante este escenario, Canaturh hizo un llamado urgente al Ministerio Público para que actúe con la diligencia y prontitud que establece la ley, investigando los hechos y promoviendo las acciones legales correspondientes. Advirtió que la demora en la aplicación de la justicia ha contribuido a prolongar un conflicto que vulnera derechos fundamentales y envía un mensaje negativo al país.
Asimismo, exhortó a la Corte Suprema de Justicia a emitir resoluciones que garanticen la protección de los derechos de los propietarios legítimos, el respeto a la propiedad privada, el debido proceso y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
“El sector turismo y el sector productivo del Atlántico no pueden seguir operando en un ambiente de incertidumbre e inseguridad jurídica. Honduras necesita dar señales claras de que la ley se respeta y se hace cumplir, como condición indispensable para atraer inversión, generar empleo y promover el desarrollo”, señaló el gremio.
Finalmente, Canaturh reiteró su disposición al diálogo institucional, pero enfatizó que la justicia tardía no es justicia y que la defensa de los derechos ciudadanos debe ser una prioridad ineludible del Estado.
