El comportamiento migratorio dependerá en gran medida de las decisiones que adopte el nuevo gobierno. Aspectos como empleo, seguridad, programas sociales y cooperación internacional serán determinantes para controlar o estabilizar la situación en San Pedro Sula, Honduras.
La migración hondureña hacia Estados Unidos ha sido un tema recurrente en la agenda política. Con la llegada del gobierno del nacionalista Nasry “Tito” Asfura, la atención se centra en cómo se desarrollará este fenómeno de décadas, qué impacto tendrá en la relación con Washington y cuál será el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Autoridades hondureñas señalan que el flujo migratorio ha mostrado una disminución en los últimos años, con menos detenciones en la frontera y menor número de personas viajando de manera irregular. Según funcionarios, esta tendencia se atribuye a políticas de control migratorio regional y a programas locales de empleo y reintegración de personas retornadas.
Según estadísticas del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), entre 2015 y 2025 el país experimentó variaciones importantes en la cantidad de hondureños deportados o retornados. El año 2019 registró el mayor número con 109,185 personas, un aumento vinculado a medidas migratorias más estrictas en Estados Unidos y al incremento de flujos migratorios en ese período.
En 2020, debido a la pandemia de COVID-19 y las restricciones de movilidad, la cifra cayó considerablemente a 36,588, siendo la más baja de la década. Posteriormente, en 2021 y 2022, las deportaciones se recuperaron, alcanzando 52,968 y 88,555 respectivamente, reflejando la reactivación de los flujos migratorios y las políticas de retorno.
Desde 2023 se ha observado una tendencia a la baja, con 58,759 deportados en 2023, 45,357 en 2024 y 34,220 hasta octubre de 2025. Sumando los datos de los últimos tres años, el total de retornados supera los 138,000.
