Un documento judicial de los Estados Unidos señala que el Cártel de los Soles operó en Honduras durante los años 2008 y 2009, como parte de una ruta estratégica utilizada para el tráfico internacional de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica.
Según el informe, en la planificación y coordinación de estas operaciones participaron altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos Nicolás Maduro, Diosdado Cabello Rondón y Hugo “El Pollo” Carvajal. El documento detalla que, durante una reunión entre estos dirigentes, se analizó el impacto del golpe de Estado ocurrido en Honduras en 2009, advirtiendo Cabello Rondón que la inestabilidad política en el país podría “arruinar el negocio” del narcotráfico.
El texto judicial también indica que, tras ese encuentro, Nicolás Maduro viajó a Honduras cuando se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. De acuerdo con el documento, la visita habría tenido como objetivo intervenir para que la crisis política hondureña no afectara las actividades ilícitas del Cártel de los Soles, tomando en cuenta que Honduras ya se había consolidado como un punto clave del corredor centroamericano de la cocaína.
Asimismo, el requerimiento fiscal presentado por Estados Unidos contra Nicolás Maduro menciona en dos ocasiones a Honduras, señalando que el dirigente venezolano se alineó con narcotraficantes y grupos considerados narcoterroristas que enviaban cocaína hacia Centroamérica, incluyendo territorio hondureño.
“El documento establece que Nicolás Maduro se alió con narcotraficantes y narcoterroristas que despachaban cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, utilizando distintos puntos de transporte en el Caribe y Centroamérica, entre ellos Honduras, Guatemala y México”, se lee en el expediente.
Finalmente, el informe sostiene que estas operaciones fortalecieron redes de corrupción en la región, indicando que los puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México funcionaban bajo una cultura de sobornos, donde los traficantes de droga entregaban parte de sus ganancias a políticos y funcionarios que facilitaban y protegían estas actividades ilícitas.
