La Justicia de Bolivia decidió mantener en prisión preventiva al expresidente Luis Arce, profundizando un caso que sacude el escenario político del país y alimenta las denuncias de persecución judicial contra el exmandatario. Una sala penal de La Paz rechazó la apelación presentada por su defensa y ratificó su permanencia en el penal de San Pedro, donde permanece recluido mientras avanza una investigación por presunta corrupción.
La decisión provocó una dura reacción del entorno de Arce. Su exministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, aseguró que el proceso está marcado por resoluciones anticipadas y que se ha vulnerado el principio constitucional de presunción de inocencia. Según afirmó, los argumentos de la Fiscalía para sostener la detención, como un supuesto riesgo de fuga o de obstaculización, no se corresponden con la realidad.
Prada sostuvo que Arce tiene domicilio conocido desde hace años y que su labor como docente universitario es pública y comprobable. Tras visitarlo en prisión, afirmó que el exgobernante mantiene fortaleza anímica y calificó su encarcelamiento como un acto político.
El propio Arce denunció, a través de un mensaje escrito, que su detención confirma la vulneración del debido proceso y busca convertirlo en un chivo expiatorio frente a decisiones impopulares del actual Gobierno. La Fiscalía lo acusa por supuestas irregularidades en el manejo de recursos destinados a proyectos indígenas cuando fue ministro de Economía, un caso que mantiene al país en vilo y profundiza la polarización política.
