Tegucigalpa. El sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos, Ismael Moreno (Padre Melo), volvió a levantar la voz este domingo para denunciar la inacción del Ministerio Público en el caso del asesinato del ambientalista Juan Antonio López, ocurrido hace exactamente 15 meses en el municipio de Tocoa, Colón.
A través de una publicación, el religioso cuestionó el estado de la justicia hondureña en medio del actual contexto postelectoral. “Conteo y conteo de votos, de fraudes, literaturas de ajustes de cuentas y falsos triunfalismos, amenazas de requerimientos fiscales por delitos electorales”, escribió.
Pero su crítica más fuerte fue dirigida directamente al Ministerio Público y al fiscal general interino, Johel Zelaya:
“El Fiscal unido a la implacable parálisis de justicia en los 15 meses del crimen de Juan López”, sentenció.
Una herida abierta en el Bajo Aguán
Juan Antonio López, líder ambientalista, regidor municipal, miembro activo de la Iglesia Católica como celebrador de la palabra, y defensor de los bienes naturales, fue asesinado el 14 de septiembre de 2024.
Su crimen marcó profundamente a la comunidad del Bajo Aguán, una de las zonas más violentas del país, atravesada por conflictos de tierra, extractivismo y criminalización de defensores ambientales.
Desde entonces, el clamor por justicia ha sido persistente, tanto a nivel comunitario como en organizaciones eclesiásticas y de derechos humanos, nacionales e internacionales.
Avances judiciales limitados
A la fecha, solo tres personas han sido capturadas y judicializadas como autores materiales del crimen:
- Óscar Alexis Guardado Alvarenga
- Daniel Antonio Juárez Torres
- Lenin Adonis Cruz Munguía
Sin embargo, no hay avances públicos sobre los autores intelectuales.
Las investigaciones técnicas continúan de forma lenta. Según fuentes cercanas al proceso, algunos teléfonos han sido enviados a laboratorios para análisis, pero no existen plazos definidos para nuevos requerimientos fiscales.
La falta de avances concretos, sumada al silencio institucional, ha sido duramente criticada por familiares, organizaciones civiles y por sectores de la Iglesia.
Justicia selectiva y silencio institucional
La denuncia de Padre Melo llega en un momento donde el sistema judicial está bajo fuerte escrutinio por su doble rasero: mientras se anuncian requerimientos fiscales por presuntos delitos electorales y se agita el ambiente político, los crímenes contra líderes sociales siguen impunes.
La figura de Juan López es emblemática. No era solo un regidor o ambientalista; era una voz incómoda para intereses poderosos en el Aguán, y su asesinato fue considerado por muchos como un mensaje de silenciamiento y control territorial.
Clamor que no se apaga
El caso de Juan López continúa siendo un símbolo de la deuda histórica del Estado con los defensores de la tierra.
Organizaciones como ERIC-SJ, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, y redes internacionales han insistido en que sin justicia para los líderes asesinados, no hay democracia ni paz posible.
Este domingo, en distintas comunidades del Aguán, se han realizado acciones de memoria y exigencia de justicia, mientras el Estado guarda silencio y el Ministerio Público mantiene congelado el caso.
