El Bono de Alivio Climático, concebido para dar esperanza a familias afectadas por los huracanes Eta e Iota, está siendo señalado como una posible herramienta política del gobierno hondureño. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que la entrega del bono estaría contaminada por intereses partidarios y clientelismo, justo en plena temporada preelectoral.
Lo que debía ser un auxilio para los más vulnerables, terminó beneficiando a pobladores de zonas sin riesgo climático evidente, según la denuncia. Uno de los ejemplos más controversiales ocurrió en Talanga, Francisco Morazán, donde —según testimonios recogidos por la ASJ— el bono fue entregado sin justificación técnica y, en palabras de algunos beneficiarios, “porque se acercan las elecciones”.
La ASJ, encabezada por Carlos Hernández, alertó que el programa no está siguiendo criterios claros ni transparentes, y que incluso podría violar las condiciones del préstamo internacional. El Bono Climático fue financiado con un préstamo de 70 millones de dólares del BCIE, con el objetivo exclusivo de asistir a las familias damnificadas por desastres naturales.
“No se observó focalización. La entrega parece responder más a intereses políticos que a necesidades reales. Se está utilizando el bono como herramienta electoral, y eso es gravísimo”, señaló Hernández.
El gobierno, por su parte, se defendió rápidamente. El diputado oficialista Marco Eliud Girón rechazó la acusación y aseguró que más de 200,000 hogares fueron analizados, pero solo 110,000 calificaron tras un proceso técnico. «Casi todo el país es vulnerable», argumentó, restando peso a las denuncias de uso político.
Sin embargo, la preocupación crece entre sectores independientes. El expresidente del BCIE, Dante Mossi, pidió que el gobierno rinda cuentas claras y se abstenga de mezclar política con fondos internacionales. «El BCIE no puede ser arrastrado a controversias electorales», dijo.
Y es que la historia parece repetirse. Analistas afirman que este patrón de entrega de bonos en época electoral ya fue utilizado por el gobierno anterior, también con fondos del mismo préstamo. “Endeudan al país en nombre de los pobres y luego los usan como moneda política”, opinó el politólogo Carlos Arévalo.
En cifras, el programa ha crecido de forma sospechosa. En 2021 se beneficiaron 46,000 familias, mientras que ahora, la cifra se ha duplicado y el monto ejecutado ya supera los 660 millones de lempiras.
Aunque nadie niega que ayudar a una familia con 7,000 lempiras tras una tormenta o una sequía es importante, lo que muchos no perdonan es que esa ayuda se reparta bajo criterios electorales.
Si las denuncias se confirman, no solo se pone en riesgo la transparencia del gobierno, sino también la reputación del país ante la comunidad internacional.
