A menos de un mes para las elecciones generales del 30 de noviembre, la propaganda política ha alcanzado su punto más alto en todo el país. Calles, avenidas y espacios públicos se encuentran saturados de anuncios de los más de 20,000 aspirantes a cargos de elección popular, en una carrera intensa por conquistar el voto de los indecisos, que según sondeos, representa hasta un 40% del electorado.
En ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, la publicidad política compite por visibilidad incluso con las grandes marcas comerciales. Afiches, mantas, rótulos, pantallas LED y vallas cubren puentes, postes, cerros, techos de viviendas y cualquier espacio disponible. A esto se suma una presencia agresiva en medios tradicionales y redes sociales, donde el discurso ha escalado con ataques cruzados entre candidatos.
Pese al despliegue millonario, la mayoría de los aspirantes continúa sin reportar el origen y destino de sus gastos de campaña, como lo establece la Ley Electoral. La Unidad de Política Limpia (UPL), encargada de fiscalizar el financiamiento político, ha advertido sobre el bajo nivel de cumplimiento. En las elecciones primarias pasadas, el 90% de los candidatos no entregó informes financieros.
La legislación establece techos de gastos: hasta 500 millones de lempiras para un candidato presidencial, cuatro millones para diputados en los principales departamentos, y montos similares para alcaldes. Sin embargo, las cifras reales podrían ser aún mayores debido a la inflación y a los costos operativos de la campaña, que incluyen giras en helicóptero, caravanas, logística, asesoría internacional, alimentación y contratación de personal.
Además, persiste la sospecha sobre el posible uso de fondos de origen ilícito. Según informes de organismos nacionales e internacionales, en procesos anteriores se ha documentado la infiltración del crimen organizado en el financiamiento político, situación que la UPL aún no ha logrado frenar, a pesar de contar con facultades sancionatorias que rara vez ha ejercido desde su creación en 2017.
En cuanto a la presencia en las calles, los candidatos del partido oficialista Libre encabezan la lista de los más visibles, destacando su presidenciable Rixi Moncada. También se observa amplia propaganda del liberal Salvador Nasralla y del nacionalista Nasry Asfura. En el nivel local, el actual regidor Godofredo Fajardo, del Partido Demócrata Cristiano, sorprende con una fuerte presencia en vallas y pantallas gigantes, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la procedencia de sus recursos.
La campaña oficial culmina cinco días antes de las elecciones, cuando inicia el periodo de silencio electoral. Hasta entonces, los partidos seguirán apostando con fuerza a la promoción de su imagen, especialmente entre los votantes indecisos que, según los analistas, podrían inclinar la balanza en los tres niveles de elección: presidencial, legislativo y municipal.
