El 14 de septiembre de 2024, los disparos que acabaron con la vida de Juan Antonio López, defensor ambiental y regidor municipal de Tocoa, Colón, silenciaron una voz clave en la defensa del río Guapinol y la denuncia de los abusos vinculados a los proyectos mineros en el Bajo Aguán.
Trece meses después, su nombre continúa siendo símbolo de resistencia, pero también de impunidad. López fue asesinado al salir de una iglesia, pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales no fueron suficientes para protegerlo. Murió en el mismo territorio que defendía, aquel que solía decir “vale más que el oro que buscan los poderosos”.
El caso fue elevado a juicio oral y público el 2 de septiembre de 2025, casi un año después del crimen. Tres hombres permanecen en prisión preventiva como presuntos autores materiales, pero el proceso judicial ha estado marcado por retrasos constantes, audiencias suspendidas e informes periciales incompletos. Organizaciones acompañantes señalan la falta de diligencia del Ministerio Público en la investigación.
Aunque el Tribunal de Sentencia mantiene abierta la causa, el sentimiento entre los pobladores del Aguán es de frustración: la justicia avanza, pero no llega. Las autoridades aseguran tener “avances significativos”, con la captura de tres presuntos sicarios; sin embargo, el Estado no ha identificado a los autores intelectuales ni profundizado en las posibles conexiones con intereses mineros o redes de poder local.
Para las organizaciones de derechos humanos, el caso de Juan López repite un patrón ya conocido en el Bajo Aguán: los ejecutores materiales enfrentan la justicia, pero quienes ordenan y financian los crímenes permanecen libres. Desde 2009, más de 150 campesinos y ambientalistas han sido asesinados en la zona sin que sus casos se esclarezcan.
El legado de Juan López, sin embargo, sigue vivo. Su familia, amigos y compañeros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa mantienen viva su memoria. Cada 14 de mes, colocan flores en el lugar donde fue asesinado. “Juan no murió por casualidad; lo mataron por alzar la voz”, dice una de sus compañeras.
Para muchos, la justicia para Juan es también la justicia para el medioambiente en Honduras, un país donde defender la tierra aún significa arriesgar la vida.
