La prolongada audiencia inicial contra el coronel en condición de retiro José Amílcar Hernández, hermano del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, comenzó bajo un peso ineludible: diez cajas de evidencias entregadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Cada carpeta, factura y contrato representa una pieza clave para determinar si existió un fraude millonario en perjuicio de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul).
La Fiscalía lo acusa de lavado de activos, estafa y apropiación indebida, señalando que los fondos malversados superan los 37 millones de lempiras. Por su parte, las nueve defensas técnicas de los acusados sostienen que no hubo ilícitos, sino acuerdos contractuales que no deberían interpretarse como fraude.
El pasado viernes, las Fiscalías Especiales Contra Delitos Comunes (FEDCOM) y Contra el Crimen Organizado (FESCCO) ejecutaron siete allanamientos en Francisco Morazán y Comayagua. En el operativo fueron capturados José Amílcar Hernández Flores, Magda Edy López Sierra, Dilia Lizeth López Sierra, Isis Karina Ramírez Villeda, Yolanda Corea Alvarado, Jorge Alberto Juárez Rodríguez, María Antonia Juárez Rodríguez, Sandra Nohemí Fuentes Jiménez y Alejandra María Suárez Fortín.
La sala de audiencias se convirtió en una especie de archivo judicial. Los documentos no solo ocuparon las mesas, sino que obligaron a las defensas a solicitar más tiempo. La jornada del 2 de septiembre, que comenzó con la expectativa de avanzar en la evaluación de pruebas, tuvo que suspenderse para reiniciarse a las 2:00 p. m. y continuar hasta la madrugada. Incluso se habilitaron camas dentro del recinto ante la previsión de largas horas de análisis.
En medio de papeles, contratos y balances financieros, los fiscales insisten en que cada documento apunta a un mecanismo de simulación de servicios profesionales que nunca existieron.
Según la investigación, la supuesta red operó desde 2015 mediante contratos de servicios profesionales falsos, usados como justificación para transferir más de 47 millones de lempiras. Aunque el monto inicial figura en los contratos, la Fiscalía asegura que al menos 37 millones de lempiras fueron desviados mediante maniobras fraudulentas, en las que participaron bufetes privados y directivos de la cooperativa.
Los documentos consignados buscan probar que los pagos se diseñaron para encubrir la sustracción sistemática de recursos.
