Tocoa, Colón – Los campesinos del valle del Aguán, en Colón, Honduras, afrontan una crisis sostenida marcada por violencia, inseguridad y el abandono del Estado en la defensa de sus derechos territoriales.
Emergencia ante la violencia armada
En febrero de 2025, organizaciones campesinas y de derechos humanos declararon una emergencia humanitaria en Colón. Denunciaron graves ataques armados, ejecutados por sicariales vinculados a guardias de la Corporación Dinant, agencia vinculada a agroindustrias de palma. La estrategia, según los denunciantes, busca desalojar a campesinos organizados de sus tierras
Un conflicto agrario sin solución
Las disputas por la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán se remontan a mediados del siglo XX. Entonces, el Estado entregó lands a campesinos bajo políticas de reforma agraria. Con los años, estas tierras fueron adquiridas por grandes empresas. El resultado: un conflicto que ha dejado alrededor de 200 muertos entre campesinos, guardias privados, autoridades y civiles
Actores del conflicto
Según el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, el conflicto actual ya no se limita a campesinos frente a empresarios; narcotraficantes, políticos y bandas criminales se han sumado al entramado violento
Violencia contra líderes campesinos
En enero de 2025, en Quebrada Arena, Tocoa, víctimas y campesinos protagonizaron enfrentamientos armados, con piedras, machetes y disparos. Al menos tres personas resultaron heridas, mientras que la Policía intentó contener la confrontación
Asimismo, en febrero, la ONU condenó el asesinato de dos miembros de la cooperativa Gregorio Chávez —José Luis Hernández y Suyapa Guillén— y exigió al Estado medidas urgentes para proteger a las familias rurales
Criminalización y represión contra la lucha campesina
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU instó al gobierno hondureño a evitar criminalizar a los campesinos que defienden su derecho a la tierra, así como a adoptar políticas que garanticen su seguridad
Clamor por justicia y protección
Campesinos de cooperativas como Camarones, El Chile y Tranvío han exigido una intervención judicial inmediata y que se cumplan los compromisos firmados en 2022 con el presidente y organizaciones rurales. Hasta ahora, esos acuerdos carecen de aplicación real, mientras el miedo se extiende día a día
Conclusión
La situación en Colón refleja una crisis agraria que trasciende lo territorial: es una lucha por justicia, dignidad y sobrevivencia. Ante la falta de acción del Estado y la presencia de fuerzas criminales, las familias campesinas viven en una tensa espera de protección y solución efectiva.
