Un grupo de socios de Koriun Inversiones se manifestó este viernes frente a la municipalidad de Choloma, en el departamento de Cortés, para exigir la devolución de sus ahorros tras el colapso de la empresa, actualmente bajo investigación por operar presuntamente un esquema piramidal de fraude.
Los manifestantes pidieron al alcalde Gustavo Mejía que actúe como mediador para encontrar una solución definitiva, expresando su frustración por la falta de respuestas claras tanto del Gobierno de la República como del Ministerio Público.
Incluso algunos hicieron un llamado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que intervenga ante lo que califican como una indiferencia de las autoridades hondureñas. Desde la intervención de Koriun, el pasado 23 de abril de 2025, las protestas han incluido bloqueos de carreteras y manifestaciones pacíficas con pancartas que reclaman: “Solo unidos podemos recuperar nuestro dinero”.
Koriun Inversiones operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), afectando a más de 35,000 personas, principalmente en Choloma, donde se confiscaron 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas bancarias.
Actualmente, cuatro personas enfrentan cargos por lavado de activos y asociación para delinquir, pero los afectados aún carecen de claridad sobre la recuperación de sus fondos.
Caso Koriun Inversiones: un esquema Ponzi que golpea a miles en Honduras
El caso Koriun Inversiones es uno de los mayores escándalos financieros en Honduras, identificado como un esquema Ponzi que afectó a unos 35,000 inversionistas en al menos siete departamentos del país.
Con sede principal en Choloma, Cortés, Koriun operó durante aproximadamente siete años, expandiéndose a ciudades como Juticalpa, Choluteca, Danlí, Santa Rosa de Copán, La Entrada y Santa Bárbara.
Los principales acusados son Iván Velásquez, gerente de la empresa, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete, y Marco Abel Villeda, quienes enfrentan cargos por lavado de activos y fraude.
En julio de 2025, el Ministerio Público amplió las acusaciones contra los administradores de las sucursales de Copán y Santa Bárbara, Elder Jehovany Gómez y Juan Carlos García Ríos, por no justificar millones de lempiras y asociación para delinquir.
Aunque las investigaciones continúan, el avance judicial ha sido lento, y los afectados siguen esperando respuestas claras sobre la devolución de sus ahorros.
