Al menos 1.7 millones de hondureños enfrentan inseguridad alimentaria y nutricional, una crisis en aumento impulsada por la persistente pobreza —que afecta a más del 67 % de la población— y las elevadas tasas de desempleo, advirtieron expertos consultados por la agencia.
La situación tiene consecuencias particularmente graves para la niñez y las mujeres embarazadas o en edad fértil, quienes presentan importantes deficiencias nutricionales que afectan su salud y el desarrollo adecuado de los menores, señaló Fiamma García, asistente técnica del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OSAN).
García detalló que aproximadamente 1.7 millones de personas —incluidos niños, mujeres y adultos mayores— enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada, aunque advirtió que la cifra real podría ser superior.
Además, explicó que la seguridad alimentaria y nutricional comprende diversas dimensiones, que van desde la capacidad del país para producir suficientes alimentos hasta el acceso económico y físico de la población a esos productos de forma sostenida.
“El bajo poder adquisitivo de las familias y el elevado costo de muchos productos son factores determinantes en la inseguridad alimentaria y nutricional del país”, señaló la experta, al subrayar que esta problemática se agrava especialmente en comunidades rurales y zonas urbano-marginales, donde el acceso a alimentos nutritivos y servicios básicos continúa siendo limitado.
Asimismo, advirtió sobre la “doble dimensión” de esta crisis: por un lado, sectores de la población que sufren desnutrición crónica; por otro, un aumento sostenido de personas con sobrepeso y obesidad, resultado de dietas pobres en nutrientes pero ricas en calorías, debido a la escasa disponibilidad y asequibilidad de alimentos saludables.
Reducir las comidas: una realidad cotidiana para miles de familias
La inseguridad alimentaria y nutricional en Honduras constituye un problema estructural profundamente ligado a la falta de ingresos, el desempleo y la precariedad laboral, afirmó Héctor Figueroa, director del Instituto de Investigaciones Sociales.
Figueroa enfatizó que esta crisis no debe entenderse como un fenómeno aislado, sino como un desafío persistente que afecta de forma desproporcionada a los hogares más pobres, especialmente en el Corredor Seco, una extensa franja geográfica que abarca regiones del oriente, sur, centro y occidente del país. Esta zona es considerada una de las más vulnerables ante la sequía, la pobreza y la escasez de oportunidades económicas.
Actualmente, más de 6.7 millones de hondureños viven en condiciones de pobreza, y al menos 4.4 millones enfrentan pobreza extrema. De este grupo, alrededor de 1.3 millones de personas sobreviven con menos de un dólar al día (aproximadamente 26 lempiras), precisó Héctor Figueroa.
Una de las consecuencias más preocupantes de esta realidad, advirtió, es que numerosas familias se han visto obligadas a reducir el número de comidas diarias, pasando de tres a una, o en el mejor de los casos, a dos.
Investigaciones realizadas por universidades del país han recopilado testimonios de padres que optan por no alimentarse con tal de garantizar al menos un plato de comida para sus hijos, priorizando también a los adultos mayores dentro del hogar.
Figueroa subrayó que esta crisis alimentaria, además de constituir una violación al derecho humano a la alimentación, representa una amenaza directa a la salud y al desarrollo integral de la niñez y de las personas mayores, quienes son especialmente vulnerables a los efectos de esta emergencia.
