Tocoa Colón – El 14 de julio de 2025 marca un aniversario doloroso para Honduras: se cumplen diez meses del asesinato de Juan López, defensor de derechos humanos y miembro del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa (CMDBCP). Fue acribillado a balazos al salir de misa en el barrio Fabio Ochoa, en Tocoa, Colón.
Su muerte no fue un hecho aislado, ni producto de la violencia común. Fue un crimen político. Un atentado directo contra la esperanza de cientos de comunidades que luchan por el agua, la tierra y el territorio.
Una justicia que no llega
Desde aquel día, la espera por justicia se ha vuelto insoportable. Aunque tres personas fueron capturadas como supuestos sicarios, los autores intelectuales siguen libres, protegidos por un sistema que parece incapaz —o desinteresado— en llegar al fondo del caso.
La indignación crece mientras la investigación se estanca. La evidencia balística y tecnológica fue enviada al FBI para su análisis forense, con la promesa de esclarecer si hubo participación de estructuras criminales más amplias. Pero diez meses después, no hay resultados públicos, ni avances concretos informados por la Fiscalía hondureña. La familia de Juan sigue esperando respuestas.
Un crimen político
El sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos, Ismael Moreno (Padre Melo), lo expresó con claridad:
“El asesinato de nuestro hermano Juan López fue un asesinato político. No fue un crimen común ni una venganza personal, sino un castigo por su voz, su lucha y su liderazgo.”
Juan López denunció públicamente el modelo extractivista y a empresarios con supuestos vínculos con el narcotráfico. Su voz era incómoda para los intereses de poder en el Aguán, una región marcada por el conflicto agrario y la violencia contra quienes se atreven a resistir.
Una herida abierta para el país
El crimen de Juan López se suma a una larga lista de asesinatos contra defensores ambientales en Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta labor. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y solicitó al Estado hondureño proteger a los miembros del CMDBCP.
Sin embargo, la impunidad persiste. Las campañas de odio contra los defensores continúan, y la justicia avanza con lentitud, si es que avanza.
No basta con recordar
A diez meses de su muerte, la gran deuda sigue siendo la identificación y judicialización de los autores intelectuales. Aquellos que ordenaron su asesinato siguen en libertad, amparados por el silencio institucional.
La memoria de Juan López exige más que homenajes. Exige verdad, justicia y garantías de no repetición. Su legado sigue vivo en las comunidades que resisten, pero su ausencia recuerda cada día que, en Honduras, defender la tierra puede costar la vida.
