Austin (EEUU) – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una polémica ley fiscal y presupuestaria que destinará miles de millones de dólares a reforzar la política migratoria del presidente Donald Trump. La normativa, impulsada con el respaldo mayoritario del Partido Republicano en ambas Cámaras del Congreso, incrementa significativamente el presupuesto de las agencias de seguridad, enfocándolo en el control migratorio y la construcción de infraestructura fronteriza.
Fuerte inversión en control migratorio y deportaciones
Con una asignación estimada de 170.000 millones de dólares en cuatro años, la ley contempla la contratación de más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la construcción de nuevos centros de detención, y una inversión considerable en tecnología de vigilancia, incluyendo inteligencia artificial.
Entre los montos más destacados se encuentran más de 46.500 millones de dólares destinados a la construcción del muro fronterizo y otros 45.000 millones para la detención y deportación de migrantes.
Impacto sobre la población migrante y la economía
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como el American Immigration Council (AIC), han advertido que esta legislación provocará un aumento sin precedentes en las detenciones, alcanzando hasta 200.000 personas privadas de libertad en centros migratorios, frente a las 50.000 actuales.
La directora del AIC, Nancy Gupta, advirtió que la implementación de esta ley podría generar hasta 116.000 arrestos diarios, lo que —según afirmó— “socavará la seguridad pública y provocará caos en múltiples comunidades del país”.
Un análisis del Economic Policy Institute proyecta que, si se cumple el objetivo gubernamental de deportar a un millón de personas al año, hasta 6 millones de empleos podrían verse afectados, incluyendo 3,3 millones de migrantes y 2,6 millones de ciudadanos estadounidenses.
Aumento en los costos de trámites migratorios y humanitarios
La ley también contempla un drástico aumento en las tarifas migratorias. Por primera vez en la historia, se cobrará una tasa de 100 dólares por presentar una solicitud de asilo. El permiso de trabajo costará 550 dólares y tendrá una vigencia de solo seis meses, mientras que las personas con solicitudes de asilo pendientes deberán pagar una cuota anual adicional de 100 dólares.
Además, apelar decisiones de jueces migratorios costará ahora 900 dólares (antes, 110), y el trámite para solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS) se elevará a 500 dólares.
Nuevo impuesto a las remesas
Uno de los puntos más controversiales de la ley es la creación de un impuesto del 1 % sobre las remesas enviadas al extranjero, lo que afectará directamente a millones de migrantes que sostienen a sus familias en el exterior. Según el Migration Policy Institute, Estados Unidos envió más de 85.800 millones de dólares en remesas solo en 2023.
Restricciones a beneficios fiscales y de salud
La legislación también incluye limitaciones al acceso de migrantes a beneficios fiscales y programas de salud. Las familias con al menos un progenitor indocumentado o sin número de seguro social quedarán excluidas del crédito fiscal por hijos.
Asimismo, se reducirá el financiamiento federal del programa Medicaid en los estados que ofrezcan servicios de salud a personas sin estatus migratorio legal. También se prohibirá que ciertos migrantes con estatus legal —incluidos beneficiarios de visas de trabajo o TPS— accedan a seguros de salud subsidiados.
Firma presidencial en el Día de la Independencia
Tras la aprobación definitiva en la Cámara de Representantes, se espera que el presidente Donald Trump firme esta ambiciosa ley este viernes 4 de julio, en una ceremonia en la Casa Blanca, coincidiendo con la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.
