Olancho – Frente a la creciente ola de hechos violentos que sacude al departamento de Olancho, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional han sido desplegadas en puntos estratégicos del territorio, como parte de una operación de saturación orientada a contener los homicidios múltiples que han conmocionado a la población.
El operativo se intensificó tras una serie de ataques armados registrados en las últimas semanas, incluyendo una emboscada ocurrida el lunes 30 de junio en la comunidad de El Higuerito, municipio de Silca. En el hecho fueron asesinadas tres personas —entre ellas una ciudadana recién llegada de Estados Unidos— mientras se transportaban en un vehículo particular. Una cuarta persona resultó herida y continúa recibiendo atención médica.
Este crimen se suma a otros episodios violentos que, según medios locales, han dejado al menos seis personas muertas en menos de 24 horas en distintos sectores del departamento.
Las autoridades no descartan que estos hechos estén relacionados con disputas territoriales entre estructuras del crimen organizado, especialmente por el control de rutas del narcotráfico y otras actividades ilícitas en zonas rurales. En respuesta, la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), ha instalado retenes móviles, intensificado patrullajes a pie y desplegado operativos de inteligencia en municipios como Silca, Catacamas, Juticalpa y San Esteban. También se han reforzado los controles en ejes carreteros y áreas limítrofes con los departamentos de Colón y Gracias a Dios.
El vocero policial, subcomisionado Marvin Reyes, declaró que “la presencia de las Fuerzas Especiales busca restablecer el orden, capturar a los responsables y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas”.
Asimismo, se confirmó la llegada de fiscales con jurisdicción nacional para agilizar las investigaciones y asegurar resultados concretos.
Organizaciones civiles, por su parte, han exigido al gobierno una respuesta integral que vaya más allá del enfoque represivo, incluyendo inversión social, fortalecimiento institucional y presencia permanente del Estado en zonas históricamente olvidadas.
