San Pedro Sula. El registro biométrico telefónico, impulsado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) como medida para combatir la extorsión, ha generado una fuerte ola de críticas y advertencias desde el Congreso Nacional, donde ya se alzan voces que cuestionan la legalidad y los posibles fines ocultos del proyecto.
El jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, recomendó públicamente a los ciudadanos abstenerse de someterse al proceso, calificándolo como “ilegal” y carente de un verdadero sustento jurídico. Umaña advirtió que se podría estar violando el derecho a la privacidad de los hondureños al exigir datos biométricos sin una ley clara que respalde esta medida.
El próximo miércoles 28 de mayo, a las 9:00 de la mañana, los comisionados de Conatel deberán comparecer ante la Comisión de Seguridad del Congreso y jefes de bancada de las distintas fuerzas políticas, para explicar el fundamento legal del sistema de identificación biométrica que ya comenzó a implementarse en el país.
El proyecto, anunciado por el presidente de Conatel, Lorenzo Sauceda, en febrero de 2025, exige que todos los portadores de líneas móviles registren sus huellas y datos biométricos a partir del 1 de mayo, sino les tocará perder sus números si no lo hacen. Esta medida ha sido presentada como parte de la estrategia del gobierno para frenar la extorsión telefónica, un flagelo que afecta a miles de hondureños.
Sin embargo, sectores políticos, sociales y ciudadanos han expresado su preocupación por los riesgos que representa el uso de un sistema biométrico en un año electoral. Varios diputados temen que esta herramienta pueda convertirse en un mecanismo paralelo de control, similar al usado en los procesos electorales, lo que podría minar la confianza en el sistema democrático.
