El general retirado Romeo Vásquez Velásquez ha vuelto a generar controversia al publicar un video en sus redes sociales, en el que lanza duras acusaciones contra Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. En el video, Vásquez Velásquez acusa a Flores Lanza de haberse apropiado de 40 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH) y lo califica como un «delincuente disfrazado de político», criticando su presencia en Casa Presidencial con escoltas financiados por el pueblo.

El Carretillazo

Las acusaciones de Vásquez Velásquez se remontan al caso conocido como el «Carretillazo», ocurrido en junio de 2009, poco antes del golpe de Estado que derrocó a Zelaya. En ese entonces, Flores Lanza fue señalado por la supuesta sustracción de aproximadamente 50 millones de lempiras en efectivo de las bóvedas del BCH, fondos que habrían sido destinados a financiar la consulta popular de la «Cuarta Urna», una iniciativa para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Tras el golpe, Flores Lanza enfrentó múltiples procesos judiciales por delitos como malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y fraude. Sin embargo, en febrero de 2022, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 4-2022, conocido como la «Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y de Conciencia», que permitió extinguir la acción penal contra funcionarios del periodo 2006-2009.

Gracias a esta ley, Flores Lanza obtuvo sobreseimientos definitivos en los cinco procesos penales que enfrentaba, quedando absuelto de los 11 delitos de malversación de caudales públicos y otros cargos relacionados

La aplicación de la amnistía ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad hondureña, que la consideran un «pacto de impunidad» que beneficia a exfuncionarios acusados de corrupción. El caso de Flores Lanza es emblemático en este debate, ya que su absolución ha sido vista por algunos como un ejemplo de cómo la amnistía ha sido utilizada para exonerar a personas con antecedentes judiciales por delitos contra la administración pública.

En este contexto, las declaraciones de Romeo Vásquez Velásquez reflejan la persistente polarización política en Honduras y la controversia en torno a la aplicación de la amnistía a exfuncionarios del gobierno de Zelaya.