Tegucigalpa, Honduras. – En el marco del Día Mundial de la Tierra, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hizo un enérgico llamado al Estado hondureño para que garantice el ejercicio pleno y seguro de la defensa de la tierra, el territorio y del medio ambiente, mediante medidas efectivas que salvaguarden la vida y la integridad física de quienes asumen esta causa.
Frank Cruz, coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños del Conadeh, destacó la necesidad de proteger los ecosistemas y generar conciencia ante los desafíos ambientales que enfrenta el país, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Cruz advirtió que ser defensor ambiental en Honduras se ha convertido en una labor de alto riesgo. Entre 2020 y 2025, aproximadamente 50 personas han sido asesinadas por su activismo en defensa de la tierra y los recursos naturales, muchos de ellos en condiciones aún no esclarecidas por las autoridades competentes.
“El crimen organizado, la criminalización y los conflictos socioambientales han incrementado la vulnerabilidad de quienes luchan por proteger los bienes comunes”, alertó Cruz. Indicó además que al menos diez departamentos del país han sido escenarios de violencia contra defensores, siendo Colón, Atlántida y Yoro los más afectados, concentrando el 77% de los casos.
El Conadeh informó que entre 2022 y 2024 se registraron 89 denuncias relacionadas con violaciones al derecho a un ambiente sano, la mayoría derivadas de conflictos entre intereses empresariales y los derechos de comunidades vulnerables, como pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y defensores de derechos humanos.
Ante este panorama, el ente estatal instó al Estado a implementar una política pública integral de protección, acompañada de investigaciones diligentes y eficaces que garanticen justicia y combatan la impunidad.
“La falta de justicia frente a los crímenes cometidos contra defensores no solo perpetúa la violencia, sino que desincentiva la labor en defensa del ambiente y los territorios”, subrayó Cruz.
Además de los asesinatos, estos líderes enfrentan amenazas, persecuciones, hostigamientos, procesos judiciales arbitrarios, represión y campañas de difamación. En el caso de los pueblos indígenas —como los Lenca, Tolupán, Garífuna, Chortí, Pech y Misquito—, estas amenazas están directamente ligadas a la defensa de sus tierras ancestrales.
Cabe recordar que de las casi 20 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado hondureño desde 1989, tres han sido por el asesinato de defensores ambientales: Blanca Jeannette Kawas (1995), Carlos Escaleras (1997) y Carlos Antonio Luna López (1998), casos emblemáticos que aún exigen memoria, justicia y reparación.
