TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Corte de Apelación declaró incompetente al tribunal de primera instancia en Materia de Criminalidad Organizada que conocía el caso, lo que implica la revocación inmediata de todas las medidas cautelares impuestas al exedil.
«Todo fue anulado. La Corte declaró la nulidad de todo lo actuado. Tendría que volverse a retomar el proceso dentro de la Corte Suprema de Justicia», explicó Aspra, quien señaló que deberá iniciarse un nuevo proceso desde la audiencia de declaración de imputado.
El abogado defensor manifestó expectativas positivas sobre el traslado del caso a la CSJ, argumentando que los magistrados tendrán «una mayor profundidad y capacidad para poder valorar los medios de prueba», en contraste con el enfoque limitado que, según él, caracteriza a los juzgados de criminalidad organizada.
«Nuestra expectativa sería mejorar y conseguir una resolución favorable a la defensa que pudiese ser un sobreseimiento definitivo», concluyó Aspra, quien destacó que actualmente Asfura no enfrenta ninguna restricción legal mientras espera que la CSJ retome el caso.
El abogado de Asfura detalló que las medidas cautelares revocadas consistían en firmar cada 30 días, la prohibición de salir del país y la devolución de las garantías, que sumaban 22 millones de lempiras y respaldaban la libertad de las ocho personas que estaban siendo procesadas.
Nasry Asfura, exalcalde de la capital durante los períodos 2014-2018 y 2018-2022, es acusado por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (UFERCO) de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos y otros ilícitos presuntamente cometidos entre 2017 y 2018.
Según las investigaciones de la UFERCO, el precandidato del Partido Nacional habría desviado más de 28 millones de lempiras mediante la emisión de 32 cheques, justificándolo bajo los conceptos de “fondos rotatorios”, “fondos especiales” y “reembolso de gastos”.
El requerimiento fiscal, presentado el pasado 10 de octubre, detalla que los cheques fueron depositados en cuentas personales de los imputados. Estos fondos, según la fiscalía, se destinaron a beneficiar a personas naturales y jurídicas vinculadas a Nasry Asfura.
Además, se afirmó que parte del dinero desviado se utilizó para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la municipalidad, pagar tarjetas de crédito de Asfura y sus descendientes, así como para la compra de joyas.
