Este mes se cumplen 16 meses del asesinato de Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón, y la pregunta central permanece: ¿quién ordenó su muerte?
La comunidad, organizaciones ambientales y defensores de derechos humanos coinciden en que, mientras no se identifiquen los autores intelectuales, la justicia no será plena.
Juan López no solo fue víctima de la violencia; también fue un referente comunitario cuya voz incomodó a quienes explotaban los recursos naturales de la región. Hasta ahora, el mayor avance de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) ha sido que un juez con jurisdicción nacional dictara auto de apertura a juicio oral y público contra tres hombres acusados por su asesinato: Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía. Los imputados enfrentan cargos por asesinato y asociación para delinquir, luego de que el juez aprobara la ampliación del ilícito penal solicitada por el Ministerio Público.
El caso será conocido por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en Tegucigalpa, una instancia que refleja la gravedad del crimen y su impacto a nivel nacional.
Una justicia incompleta
Pese a este avance procesal, el caso sigue incompleto, pues no hay información pública sobre los autores intelectuales del asesinato. Para los defensores ambientales, esta ausencia evidencia una justicia a medias. Procesar únicamente a los presuntos autores materiales no desmonta la estructura que permitió el crimen ni garantiza la protección de quienes defienden el territorio, dejando a las comunidades en una sensación de vulnerabilidad.
Quién era Juan López y por qué lo mataron
Juan López era integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa, defensor del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía y de los ríos Guapinol y San Pedro. Durante años denunció los impactos de actividades extractivas en zonas protegidas.
Su asesinato se inscribe en un contexto de ataques, intimidación y criminalización contra miembros del Comité de Bienes Comunes en Tocoa, quienes han expuesto las consecuencias de operaciones mineras en la región.
