La Ceiba. La Procuraduría General de la República (PGR) busca una solución al conflicto por el derecho al río Cangrejal, que involucra a extranjeros y hondureños en este atractivo público del municipio de La Ceiba, en el departamento de Atlántida.
El pasado fin de semana, una ciudadana canadiense, increpó a un grupo de visitantes que llegaron a disfrutar la poza de La Herradura, del río Cangrejal, esta misma extranjera junto a su esposo, expulsaron a finales de enero de este mismo sitio a otros visitantes.
Debido a este nuevo incidente, una comisión integrada por biólogos, investigadores y procuradores de la PGR, se trasladaron al sitio junto con representantes del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Ministerio Público, para buscar una salida a este conflicto que parecía estar resuelto luego que la Policía Nacional lo intervino.
«Vamos hacer diferentes acciones, para establecer si hay delito dentro de lo que es la zona y así esclarecer el caso», anunció Eduardo Salinas de la dirección de ambiente de la PGR.
El equipo hizo las mediciones del sitio y así tener claro los reclamos que hacen los extranjeros y otros hondureños que han intentado cerrar los pasos de servidumbre hacia este sitio público, muy concurrido por años por los ceibeños.
Además de las inspecciones, la comisión se reunirá con autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) y Catastro Municipal de La Ceiba, «Es básico citar a la dueña de la propiedad, porque al ser extranjera puede pasar por un tema de falta de conocimiento de ley», explicó Allan Flores, jefe regional del Icf en el litoral atlántico.
Selvin Fernández, vocero del Ministerio Público en el litoral atlántico, recordó que esta institución de oficio atendió el caso que se viralizó en las redes sociales.
«Por los momentos la Fiscalía, no ha encontrado un delito por el cual se pueda acusar a los extranjeros, «en este momento no vemos un daño ambiental u otro tipo de situaciones que puedan ser un delito penal, vemos algo civil y administrativo, que se puede resolver mediante un diálogo y aclaraciones», declaró Fernández.
Una conciliación municipal, podría solucionar este problema.
