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Auto de formal contra dos personas por urbanización ilegal en Punta Castilla

Trujillo. Un tribunal hondureño dictó auto de formal procesamiento  contra dos personas acusadas de construir del delito de urbanización ilegal contral el equilibrio ambiental en la bahía de Trujillo, en el departamento de Colón.

Por este caso la  Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), acusó a Orlando Ortíz Cardona y Relyn Manrique Ruiz Nájera, a quienes el juez que lleva la causa, les prohibió salir del país y estar firmando períodocamente en los juzgados de Trujillo.

Según  el expediente investigativo, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA), inspeccionó el lugar conocido como Villa El Jazmín y el proyecto Marazul Beach House, ubicados en Puerto Castilla, Colón, para verificar los supuestos daños ambientales ocasionados por la apertura de calles, corte de árboles, delimitación de lotes, entre otros.

Asimismo, y fruto del dictamen técnico STA-201-2023, de la sección técnica ambiental de la FEMA, se determinó que el sitio inspeccionado estaba dentro de la zona de la faja de protección costera en la bahía de Trujillo, es decir un lugar que es una frontera ecológica, que evita la reducción de la superficie de la playa y el incremento del declive dunar; por consiguiente, su conservación y protección forestal es de vital importancia.

También se detectó que el material excedente, al aperturar calles, se dejó en uno de los extremos de la brecha colindante con la playa, no tenia control del sedimento y que por erosión hídrica se desprendía llegando a la fuente de agua encontrada en la zona, provocando azolvamiento de la misma.

Por otro lado, el corte de árboles provocó un fraccionamiento al ecosistema y pérdida de cobertura vegetal, lo que provocó que se alterara el desarrollo y el crecimiento de las especies de sotobosque y de las especies nativas del lugar, llegando a desplazar y reemplazar el bosque original.

De igual forma, la investigación determinó que Ortíz Cardona y Ruiz Nájera no contaban con permiso para corte de árboles, así como permiso de construcción, entre otros que son otorgados por la autoridad competente.

A los encausados les impusieron las medidas alternas de no salir del país y presentarse periódicamente al juzgado a firmar el libro. La Fiscalía, ahora espera  que, dentro de 15 días, se ejecute la respectiva demolición de las estructuras ordenada por el tribunal.

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